AHORA, el periódico “El Nuevo Día” protesta por el Tribunal Supremo: ¿“Pasmoso giro”…?; ¿de quiénes…?; ¿del Tribunal o del periódico…?

La línea editorial del periódico “El Nuevo Día” se ha dirigido a defender las administraciones estadoístas del Partido Nuevo Progresista (PNP). Cada dueño de periódico tiene la libertad de defender su línea editorial, pero corre el riesgo de vender su papel a los seguidores de esa línea ideológica, mas no a los seguidores de otras.

Me atrevería a decir que actualmente, la administración Fortuño, tiene la antipatía de la mayoría de los puertorriqueños. En el pasado, para esta época, el periódico “El Nuevo Día” ya tendría publicada una encuesta que pretendería medir la opinión del pueblo acerca del gobierno vigente. Quizás, los dueños de ese periódico tienen ya la encuesta y los resultados que obtuvo quizas fueron como los siguientes:











Quizás, por eso, desean rescatar lectores, para recular la publicidad que le dieron a su candidato de portadas Luis Fortuño Burset, que desde el pasado domingo, desde su asamblea del PNP, escucharon a su alicate, el alcalde de Yauco, Abel Nazario decir que la culpa de todas las desgracias del país la tenía LA prensa… ¿Este Abel no tendrá algún hermano que se llame Caín...?

Esto parece traer como consecuencia un “editorial” que “cuestiona” al flamante Tribunal Supremo de Puerto Rico donde impera la mayoría de jueces PNP que impuso Fortuño después de su triunfo electoral del 2008… ¿Será esta una vuelta a la “honradez” de un periódico que defiende los intereses del pueblo…? ¿O será una especie de anuncio de publicidad que pretende decirle a los lectores que el periódico está con el pueblo…? ¿Tan malitas están las ventas de este periódico estadoísta…? Lean, si pueden, y entreténganse con el “editorial” que fue publicado ayer lunes, 2 de noviembre de 2009; lean el acto de contricción titulado “Pasmoso giro en el Tribunal Supremo”:


EMPIEZA EL EDITORIAL

Pasmoso giro en el Tribunal Supremo

Resulta inquietante, por su peligrosidad y por su amenaza de regreso a las noches más oscuras de la ausencia de justicia, la pasmosa afirmación del juez asociado del Tribunal Supremo Rafael Torres Martínez, de que las decisiones del alto foro tienen que responder a los resultados electorales de cada cuatro años.

Para entender en toda su peligrosa extensión el activismo electoral que defiende el Juez Asociado, vale que pongamos en contexto la parte correspondiente de su opinión emitida tan recientemente como el pasado 14 de octubre.

Sostuvo el juez Torres Martínez:

“En verdad estamos ante dos visiones distintas de la función de la Rama Judicial y en particular, de este Tribunal… La independencia judicial no está en juego aquí. Es tiempo que aceptemos que el cambio en visión y filosofía jurídica por el que atraviesa este tribunal no significa el fin del mundo ni la hecatombe jurídica. Se trata del flujo normal de la marea judicial en una democracia, producto indirecto del mandato del pueblo expresado donde corresponde, en las urnas. Ese es nuestro sistema constitucional. Desmerecer ese proceso democrático no le hace bien a Puerto Rico”.

Para decirlo en sus acostumbrados términos, señor Juez: disentimos.

La independencia judicial -una garantía de que los procesos en los tribunales se llevarán a cabo con arreglo al Derecho sin miramientos a condiciones sociales, económicas y políticas- es tan vital para la supervivencia de la democracia, y digámoslo de una vez, de la Justicia (con letra mayúscula), que cubre más allá del derecho de un juez: es una obligación sine qua non de una judicatura libre e independiente que no puede estar a merced del escrutinio de los votos depositados en una elección general.

En esa independencia judicial se asienta la credibilidad del sistema de justicia y en consecuencia la legitimidad de las decisiones de los jueces, que tienen que estar revestidas de la majestuosidad de la imparcialidad y la igualdad al momento de la emisión de todo dictamen desde un estrado judicial.

Lo que plantea ahora el juez Martínez Torres -con evidente apoyo de los señores jueces asociados Rivera Pérez, Pabón Charneco y Kolthoff Caraballo, a tenor con sus votaciones en determinaciones medulares ante su consideración- es que las decisiones judiciales han de regirse, y evidentemente así se están rigiendo por ellos- a base de la “marea judicial”, esto es, de la resaca que deje el mar contencioso de las campañas políticas.

La peregrina doctrina judicial que implanta la opinión del juez asociado Martínez Torres derrota, para todos los efectos jurídicos, la sabiduría de nuestros Padres Constituyentes de 1951-52 quienes derrotaron la sugerencia de uno de sus Delegados para que los jueces fueran seleccionados mediante elecciones cada doce años. “¿Por qué meter a los jueces, para llegar al cargo, en contiendas políticas? Dicen las autoridades y dice la historia y el sentido común, compañeros, que es mucho más perjudicial a la dignidad, a la personalidad, a la integridad y a la capacidad del juez, que la ligera o no ligera intervención política que pueda tener en su nombramiento la intervención del Ejecutivo para su designación…”, planteó en contra de la propuesta el delegado Ernesto Ramos Antonini.

Si la opinión del juez Martínez Torres se mantiene como la nueva doctrina judicial en el País, nada más se estaría reviviendo, a la inversa, pero igualmente fatal para nuestro sistema judicial, lo que con gran sabiduría se quiso evitar por los autores de nuestra Carta Magna.

La vestidura de la toga no debe encubrir ropaje propio de políticos.

TERMINA EL EDITORIAL

A la verdad que en estos días vemos cómo muchos reculan...