Ni líderes sindicales, ni abogados de Puerto Rico acaban de denunciar el Estado de Sitio impuesto por el PNP de Fortuño…

Cuando a principios del cuatrienio de Fortuño se aprobó la fatídica Ley 7, se le puso una píldora venenosa a la Ley 45 de sindicación de empleados públicos. En este nuevo “ordenamiento” de leyes del trabajo, que más bien son leyes para el desempleo, se dice que no aplican los acuerdos de los convenios colectivos aprobados porque estamos en un periódo de “emergencia”, como si la situación económica fuese una especie de escenario de guerra y se aprobase un “estado de sitio” (en inglés “state of siege” o “state of emergency”).

En otras palabras, la ley que se supone defendiera el derecho de los empleados públicos a negociar con su patrono, AHORA no tiene validez alguna. En la pasada huelga magisterial, la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) retó la Ley 45 al convocar a su matrícula a una huelga, lo que le hizo ganar su descertificación como organismo sindical exclusivo. En aquel momento fueron muchos los “líderes” sindicales que criticaron a la FMPR por tirarse a la calle, y detrás de las críticas estaban unas organizaciones sindicales con base en USA para sustituir a este organismo magisterial a la hora de representarlos.

Frente al nuevo gobierno, varias uniones convocaron a un paro general para el 1ro de mayo de 2009, de manera que se denunciara las políticas antiobreras del gobierno de Fortuño. Pero, aquellos personajes que marcharon en la pasada administración de Aníbal Acevedo Vilá para que aprobaran un impuesto al consumo y a los servicios que llamaron IVU, decían que no se tirarían a la calle porque podrían descertificar sus uniones. Fueron varias las reflexiones que publicamos en aquellos días denunciando que varios “líderes” sindicales arrastraban sus pies ante las políticas antisindicales de Fortuño: “Uniones hacia el Tribunal Federal, incluyendo a un miembro del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano”; “Primero de Mayo, vamos pa’ la calle…”; “Anna Burger, we are waiting for you in Puerto Rico for our International Day of Workers’ celebration and marching with Aida Díaz…”; “Otro “líder” de unión de USA desmiente a Fortuño, pero queda en silencio si apoya la manifestación del 1ro de mayo… ¡Qué mamey…!”; “Federico Torres Montalvo: ¡El 1ro de mayo tírate a la calle con los trabajadores que dices representar…!”.

El asunto no era si el pueblo trabajador estaba en contra de las políticas antiobreras de Fortuño, porque esa conciencia ya estaba muy clara. El problema para estas personas al frente de las uniones era si arriesgarían que el Estado les descertificara sus uniones. Ese “miedo” revelaba que los organismos sindicales no tenían la fuerza de la fidelidad de sus miembros, que no existía un vínculo de combatividad en las uniones.

Las razones de esa falta de fidelidad son tantas que aquí no abundaré mucho en el asunto, pero basta decir que para muchos, los sindicatos son una especie de supermercados de servicios y que la cuota debe ser una aportación para construir esa infraestructura de servivios, lo cual debe ser así, pero ESOS servicios se restringen a defender el trabajo a través de unas leyes y reglamentaciones que no le sirven para nada a los trabajadores.

Esta deficiencia en las leyes y reglamentos produce un servicio LEGAL que se AJUSTA a unas reglas de juego de lo que los abogados llaman el “ordenamiento legal”. Es decir, los “líderes” de uniones y algunos abogados toman el timón de las uniones para dictarle a la membresía cuáles son las tácticas adecuadas para combatir al patrono, que en el caso del gobierno, es el patrono el que redacta las leyes y reglamentos…

La contradicción es tal que el “ordenamiento legal” se redacta para la represión de la clase trabajadora, y es ESA misma clase trabajadora la que debe acudir al “ordenamiento legal”, que escribe su patrono, para defender su trabajo y las condiciones de esos trabajos.

La pregunta que se cae de la mata es si los abogados saben de esta contradicción… Y la contestación lógica es que LO SABEN… Entonces, la otra pregunta que se cae de la mata es: ¿por qué los trabajadores, como clase, no acaban de tirar a la basura la estrategia de combatir únicamente al patrono a través de los tribunales…? Y la respuesta es sencilla y dolorosa: Unas personas han acaparado con los puestos en organizaciones sindicales y contratan a abogados para jugar al eterno proceso legal del litigio en organismos creados por el Estado donde se dilatan las decisiones, y por esta dilatación, ganan tanto los abogados de los sindicatos como los abogados del patrono, pero, al final SIEMPRE pierde el trabajador. En esta situación, el trabajador pierde SIEMPRE, o sea están en una situación de pérdida o de pérdida, donde se joden como quiera, porque la justicia tardía NO es justicia…

Bajo este kiosko que han montado varios abogados, en detrimento de los trabajadores, ahora es el Colegio de Abogados de Puerto Rico el que pide auxilio por la afrenta del gobierno de Fortuño, donde les han sometido al mismo castigo al que sometieron en el pasado a una unión “descertificada”, la FMPR… Fueron cómplices del silencio cuando atacaban a un sindicato y ahora son los mismos organismos que agrupan a los abogados, los que son víctimas del ataque del Estado.

Claro, después que muchos “líderes” sindicales se llenaron la boca diciendo que irían a una huelga general para enero de 2010, ahora reculan por enésima vez, según dice el reportaje del periódico Primera Hora titulado “Sacan sus últimos cartuchos para evitar 1,056 despidos”:

Aunque el SPU ha estado presente en todos los frentes posibles defendiendo los empleos de sus representados, el SPU no hará un llamado de huelga a su matrícula, pues el mismo podría representar la pérdida de su certificación.

¿Cuál es el “remedio” para combatir el patrono…? Como dice la noticia que citamos:

El sindicato de Servidores Públicos Unidos (SPU) anunció ayer la radicación de una demanda en el Tribunal de Primera Instancia para detener las cesantías de 1,056 empleados públicos, efectivas hoy.

…y continúa:

El grupo, que cuenta con la representación legal del bufete de la ex presidenta del Colegio de Abogados, Celina Romany, alegó en la demanda que la Ley 7 adolece de defectos constitucionales, por lo que exigen que se declaren ilegales cada una de sus disposiciones estipuladas.

¡COOOOÑO…! Descubrieron el Mediterráneo… ¡Puñeta, eso es OBVIO…! ¿Y a estas alturas es que a un sindicato se le ocurre retar la inconstitucionalidad de la Ley 7…? Lo que parece no preveer el sindicato es que la Ley 7 toma como PREMISA que Puerto Rico está bajo un “ESTADO DE EMERGENCIA” y que en estas circunstancias SE PUEDEN VIOLAR LOS DERECHOS CIVILES QUE ESTÁN GARANTIZADOS BAJO LA CONSTITUCIÓN…

Es decir, todavía los líderes de los sindicatos NI LOS ABOGADOS A TRAVÉS DE SU COLEGIO DE ABOGADOS, no les han explicado al pueblo que el gobierno de Fortuño ha sometido al pueblo, A TODO EL PUEBLO, y no únicamente a los trabajadores, a un régimen de ESTADO DE SITIO, y se conforman con jugar a la litigación en los tribunales.

Al final de todo, todas estas organizaciones sociales, que agrupan personas a través de los partidos políticos, a través de los sindicatos, a través de organizaciones profesionales como las de abogados, quedarán emplazadas por el pueblo y si no les sirven, se someterán a su desaparición para ser sustituídas por otras instituciones que nos saquen de este “ordenamiento” de manera que tengamos un nuevo “ordenamiento”.

El estado de sitio que vivimos no le grantiza A NINGÚN CIUDADANO sus derechos, aún a los que tengan trabajos. ESE es el mensaje que deben denunciar los sindicatos: El Estado ha impuesto un régimen dictatorial y como tal se debe combatir. Y en ese estado de sitio se ha LEGALIZADO el violar los derechos ganados en una constitución. ¿Los tribunales o las calles...?